Mandamientos políticos para entrar al siglo XXI

Mandamientos políticos para entrar al siglo XXI

La dirigencia política argentina, debería asumir compromisos para erradicar los males que condujeron a la decadencia de nuestro país, antes de debatir acuerdos a futuro

Todos hablan hoy de la necesidad de alcanzar acuerdos para generar políticas de Estado, de manera de dar confianza y previsibilidad de aqui en adelante.

Sin embargo, es muy dificil dilucidar qué cuestiones habría que debatir y cómo procesar coincidencias y disidencias.

Muchos de los protagonistas, aprovechan la oportunidad y lanzan propuestas y consignas demagógicas que hacen perder la seriedad que requiere esta cuestion, y con la indisimulada intencion de hacer fracasar el intento.

Asimismo, existe un "pensamiento mágico" en gran parte de la poblacion, que supone que un solo partido o agrupacion podra sacar al pais de sus profundos problemas.

Ante esta dificil situacion, en donde la posiblidad de concertar acuerdos sobre que se debe hacer se diluye en discuciones inconducentes, sería aconsejable que la dirigencia argentina asuma compromisos sobre qué NO hacer.

O sea, un conjunto de mandamientos políticos, donde la aceptación o rechazo debería ser explicita en cada caso:

No tolerar la inflación. Es el más difícil de cumplir, ya que requiere de un compromiso de todos los sectores, comenzando por el Estado en todas sus jurisdicciones. La inflación argentina es indefendible desde cualquier punto de vista y reducirla sostenidamente es un requisito ineludible para bajar la pobreza. A través de los años, con la progresiva indexación de la economía y la distorsión de precios relativos, los desmesurados aumentos del gasto público debieron ser licuados con devaluaciones más fuertes, que tornaron más regresiva la distribución del ingreso y frenaron la movilidad social ascendente. Un programa integral que incluya un mecanismo de desindexación -a la manera del Plan Austral de 1985, pero con un fuerte componente de austeridad fiscal- contribuiría a acortar plazos y mejorar las expectativas, aunque llevará tiempo.

No al default de la deuda. La alta tasa de riesgo país refleja en buena medida la desconfianza por el "prontuario" argentino de incumplimientos con acreedores externos -que tuvo su pico en el default récord de fin de 2001-, al igual que el de casi todos los acuerdos con el FMI en 50 años. La causa fue siempre la recurrente escasez de divisas genuinas que, por lo general, se produjo tras períodos de dólar barato. Esta secuencia fue graficada años atrás por el economista Orlando Ferreres con la lúcida frase: "En la Argentina festejamos los créditos y lloramos las deudas". Hoy, el riesgo país cuadruplica el promedio de la región, desplomó la cotización de los bonos soberanos, impide la renovación automática de próximos vencimientos externos y complica la sostenibilidad de la deuda a mediano plazo, principalmente si la economía no crece. Los eventuales acuerdos de renegociación ordenada dependerán de la voluntad política de pago y no a la inversa. También de políticas y acuerdos comerciales para incrementar exportaciones, atraer inversiones extranjeras directas y reducir el déficit de las cuentas externas.

No más blanqueos. Los periódicos blanqueos tributarios -algunos sin costo y casi a medida- fueron un castigo para los contribuyentes cumplidores. A la vez, la creciente y elevada presión tributaria de los últimos diez años aumentó el "premio" a la evasión, la complejidad de las maniobras para camuflarla, el tamaño de la economía en negro y la competencia desleal. El esfuerzo estatal debería concentrarse en reducir el número de impuestos, bajar alícuotas y acelerar la eliminación de los gravámenes distorsivos, que requiere diseñar un plan de reestructuración en serio del gasto público a mediano plazo, fijar prioridades y eliminar privilegios que engendran ciudadanos de primera y segunda categoría. También habría que promover mayorías especiales de dos tercios en el Congreso para aprobar eventuales subas de impuestos.

No tolerar la corrupción ni la impunidad. Si los blanqueos consagran la desigualdad ante la ley, la tolerancia por acción u omisión a la corrupción la lleva al extremo de la impunidad. Los procedimientos judiciales demoran décadas las causas por delitos graves y confesos o, peor aún, prescriben por no haberse dictado sentencia firme. También lleva años la cobertura de vacantes en juzgados relevantes. Sin el consenso político más amplio posible, este mal no tiene cura. La ley de extinción de dominio quedó cajoneada en el Congreso. Los legisladores procesados por corrupción mantienen sus fueros hasta que se produzca una sentencia en firme que no llega nunca. Tampoco hay razón que justifique que dirigentes sindicales enriquecidos y vitalicios no estén obligados a presentar declaraciones juradas de impuestos como cualquier ciudadano. Con este marco, cualquier exfuncionario, dirigente o legislador encarcelado por corrupción o enriquecimiento ilícito puede autoproclamarse preso político sin pestañear. Y no descarta una posible amnistía, de hecho o de derecho, según el resultado de las elecciones.

No tomar rehenes. También requiere de amplios acuerdos políticos y sociales evitar que ciudadanos o alumnos de escuelas primarias o secundarias queden como rehenes de conflictos sociales o sindicales. El derecho a protestar se impone por la fuerza al de libre circulación. En los últimos diez años, las escuelas bonaerenses perdieron un año completo de clases a raíz de los paros docentes, sin que nadie se haga responsable del incumplimiento de las leyes de 180 días anuales obligatorios o de jornada extendida. Es cierto que debe jerarquizarse la función docente, pero también la exigencia de resultados. De lo contrario, la calidad educativa seguirá deteriorándose, al igual que la capacitación para los actuales y futuros empleos del siglo XXI.

Fuente: Néstor O. Scibona - Diario La Nacion.